observancia de una política salarial para los trabajadores de ese sector. Pero para hacerlo, primero debe dar el ejemplo con sus propios trabajadores. Caso contrario, los funcionarios que no cumplieran con principios que son legales y hasta de sentido común, caerían en una conducta reñida con la función y, seguramente dentro de normativas que penan ese accionar. “Caerían”, se aclara, porque todo se queda en un supuesto desde que en La Rioja la excepción se ha transformado en regla.Esto es así, por imperio de sucesivas emergencias económicas y financieras, que han privado de todo derecho a los empleados públicos provinciales y municipales, en todas las funciones del Estado, además de destruir las autonomías municipales hasta su raíz.
Desde 1.996 hasta el presente, se hace vivir a las 34 mil familias de estos trabajadores, bajo un estado de excepción, al mejor estilo de las dictaduras militares. De cabos y sargentos de esta dictadura salarial, oficiaron los diputados provinciales que aprobaron, sin solución de continuidad, los instrumentos que prohíben aumentos salariales en blanco, por un lado, y por otro, suspendieron durante los últimos 12 años el normal desarrollo de las carreras administrativas, con el impedimento legal de efectuar recategorizaciones; único mecanismo con el que dichas carreras pueden desarrollarse armónicamente, hasta que llegue la hora de la jubilación.
Todo este “proceso” conlleva la elemental y perversa perspectiva de romper la lógica protección de los derechos y transformar el empleo público en un virtual estado de servidumbre, donde la variable de ajuste de los planes de gobierno, fue y es la destrucción del salario de sus propios trabajadores, los cuales permanecen como rehenes de un sistematizado estado de excepción, contrario a sus intereses y en muchos casos en violados los derechos humanos inherentes a su pertenencia como clase trabajadora (léase Decreto Cavero).
Paralelo a ello, los fondos que se niegan para el salario son destinados a subsidiar a sectores privados, cuya actividad es la búsqueda del lucro. De tal modo, el gobierno que maneja el timón del Estado, destina y direcciona los recursos públicos a empresarios de la industria, del agro, de la comercialización de la obra y de los servicios, subsidiando actividades que debieran autosustentarse. De tal modo, el gobierno les da a esos sectores parasitarios del Estado, lo que le es negado a una mucama del hospital, a un obrero de la recolección de residuos municipal, a un médico, a un policía o a un ordenanza u administrativo de cualquier escuela. Como peor ejemplo puede llegar al extremo de subsidiar indirectamente hechos delictivos, como contribuir a la huída de empresarios inescrupulosos como los de la curtiembre. Puede demostrarse que hasta que estos señores zafen, el gobierno seguirá poniendo plata del erario público, para contener la lógica y temida bronca de los trabajadores suspendidos, a quienes como una limosna, los subsidia con el dinero que le niega a sus propios trabajadores. Y todo en nombre de la filosofía menem-maza-bederista, que puede denominarse como normalidad de la excepción.
Por ello, que Beder, el gobernador, hable de política salarial y que desde la propia Legislatura sostenga que está mejorando los sueldos de su planta de personal con $100 que nadie puede encontrar en su bolsillo ni en su recibo, a no ser la impresión de la computadora que pone por un lado y succiona por otro, merced al decreto N° 1.774. Que Beder afirme –sin ponerse colorado- , estar “cuidando” los salarios de sus empleados, con una Ley de Prelación de descuentos, que más bien los condena a ser morosos a perpetuidad, alargando la agonía de la cancelación de préstamos bancarios personales, por ejemplo, ó peor aún, que sostenga como de alto valor social a la mal llamada “quincenita”, establecida por el Decreto 880, de doscientos cincuenta pesos clandestinos, cuando por ella ni se otorga el debido comprobante de pago, a la vez que constituyéndose en un 25% de lo que percibe el sueldo mínimo, transforma a quien lo recibe de este modo, en rehén del terror a perder algo de lo que no tiene ningún comprobante, configurándose así, en una situación típica de patronato de estancia.
Esto, como se observa, no puede ser llamada política salarial. En todo caso, que se haga el gesto macabro de toda dictadura, se declare el restablecimiento de la esclavitud que tan sabiamente se aboliera en la Asamblea del año 1.813, es decir, que la Legislatura establezca por ley, que la sociedad retrase el reloj de su historia como tal, a valores de 195 años atrás, épocas cuando todavía faltaban 40 años, para que el país contara con su primera Constitución Nacional, la de 1.853.
La única política salarial de este gobierno es la de aumentarse brutalmente los sueldos de privilegio del Señor Beder y sus acólitos políticos, llámense ministros, secretarios y subsecretarios de Estado, quienes mediante el vergonzante Decreto N°543 incrementándose un 100% del sueldo básico de $4.400 con el Adicional establecido en el artículo 3° de la Ley N° 4.437, suscripto en Acuerdo General de Ministros, todos los cuales acompañan con su firma a la del gobernador decretante, amén de la firma protocolizadora de la Escribana General de Gobierno Augusta Torres, establecen para sí y para todos aquellos que pudieran “engancharse” como Intendentes, Secretarios Municipales y Funcionarios No Escalafonados de todo pelaje, provincial y municipal, hasta Subdirectores Generales.
Y al decir de Don Hector David Gatica en la prosa de su Cantata Riojana “a los otros, con el turno nomás”.
Eso sí, para los trabajadores con cargos no políticos, planta permanente, genuinos del Estado, ni siquiera "el turno”. Esta es la única y verdadera política salarial del Gobernador Herrera, aunque lo desmientan en medios de prensa, que jamás preguntan, ni mucho menos repreguntan.
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